Por Pedro Armendariz
La semana pasada el director de Carabineros, general Gustavo
González, hizo unas afirmaciones en
televisión que en un país democrático le habrían costado el cargo.
Las declaraciones las hizo González en el canal Chilevisión,
que se prestó, al igual que todos los canales de televisión abierta de Chile, a
ser funcional a la campaña comunicacional emprendida por Carabineros a raíz de
la trágica y lamentable muerte por asesinato de un joven carabinero de 27 años,
Cristián Martínez, la noche del once de
septiembre, aniversario del golpe de estado.
(La campaña de prensa es parte de una tarea constante de
Carabineros por mantener una presencia de carácter positivo en los medios de
manipulación social dominantes en Chile, tarea en la cual también se empeña con
esmero la policía civil de Investigaciones. La reciente carta de Carabineros al
New York Times se encuadra en este marco).
El general Gustavo González dijo en Chilevisión que ya
estaba bueno de críticas a Carabineros desde la “clase política”. Los
carabineros se sienten incomprendidos y doloridos. El general resaltó que en la
última encuesta surgida del seno de un centro de pensamiento político de la
clase dominante, Carabineros ocupe el primer lugar de la confianza de los
chilenos en una lista de instituciones del país. En su monólogo, el general no
tuvo ningún problema en meter en un mismo saco a estudiantes rebeldes y
delincuentes comunes.
A la mañana siguiente a la muerte del carabinero asesinado,
en medio del dolor del país, el general Luis Valdés, jefe de zona metropolitana
de Carabineros, afirmó que la institución a la cual pertenece es la reserva
moral de la nación. Tal cual, y lo dijo en el aniversario del golpe de estado.
Si las declaraciones de estos dos uniformados no son graves
en Chile, (ya que pasan coladas, al parecer los políticos profesionales las
encuentran normales o se hacen los sordos), la evidencia es que la democracia
en Chile goza de muy mala salud.
(Al menos hoy, martes 25 de septiembre, la Contraloría de la República dictaminó que
los observadores de la defensa de los derechos humanos, pueden subir a los
buses de Carabineros a inspeccionar el trato que están dando a los detenidos en
manifestaciones públicas de protesta social).
Mala salud democrática, porque los cargos policiales deben
limitarse al cumplimiento de la ley en sus funciones. No se trata de mala
voluntad de la “clase política”, que por lo demás no existe como tal. Lo que
necesitamos los ciudadanos es que Carabineros no venda la pomada y respete la
ley. Empezando por el respeto a las personas, en la calles, los campos, los
buses y las comisarías. Tarea que cuando las papas queman deja con frecuencia
de cumplir.
En un mismo día, el doce de septiembre, el general Luis
Valdés declara a la prensa que el arma que mató al carabinero Cristián Martínez
la noche del once, es parte de una infinidad de armas clandestinas que están en
manos de delincuentes abocados principalmente al narcotráfico. A la misma hora
el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, justificaba, con el asesinato del
carabinero Martínez, la presentación al Congreso Nacional de un proyecto de ley
que lleva su nombre, destinado a controlar y reprimir, dado el caso, a las
manifestaciones sociales, particularmente de estudiantes.
En otras palabras, Hinzpeter miente, o no sabe lo que dice,
cuando afirma que su preocupación es el orden público y el control de
delincuentes. Ahí tiene a los delincuentes señor ministro, se los indica el
general Valdés, deje que los movimientos sociales hagan su camino y ocupen
legítima y democráticamente las calles.