Por Pedro Armendariz
Mientras el mundo atendía estupefacto el viernes pasado, 11 de marzo, al terrible terremoto y posterior maremoto en el norte de Japón, en Chile las máximas autoridades políticas de gobierno emprendían una acción comunicacional relacionada con la tragedia nipona.
A las siete de la mañana, ya vestido con la casaquilla roja -que trae a la memoria a un supervisor de Unimarc-, el presidente Piñera estaba saliendo en televisión “dando tranquilidad a la población”.
Qué mejor que conmemorar el primer aniversario de su gobierno con lo que, aún no sabíamos, sería un largo, larguísimo tejemaneje de manipulación individual-colectiva de la sufrida población chilena, en particular de los habitantes costeros, para qué decir de aquellos que moran en las zonas catalogadas de alto riesgo.
Alrededor de las diez de la mañana del viernes, los medios del mundo informaban que, afortunadamente, se descartaban maremotos y subidas bruscas del nivel del mar en las costas de los países americanos costeros del Océano Pacífico. Se habló de una subida de la marea en torno a cincuenta centímetros máximo, como en efecto se supo que ocurrió en algunas partes a lo largo del extensísimo litoral americano, de Alaska a Punta Arenas.
En Chile, el gobierno, encendió la alarma, llamó a las personas a abandonar el litoral, particularmente en sus zonas más riesgosas, e informó de una sucesión horaria en que la temida ola del maremoto venida desde Japón golpearía uno a uno sus distintos objetivos terrestres en la costa chilena, incluida la Isla de Pascua, la primera que supuestamente recibiría el azote del mar.
Aquella sucesión horaria reforzó el carácter dramático de la jornada, transformada desde el poder político mediático –los canales de televisión en primera línea- en un espectáculo cautivante, preciso y propicio para la manipulación de masas en estado puro. Es un asunto de vieja data al cual la derecha ha demostrado ser muy aficionada. El rescate de los mineros tuvo al menos tres cuartos de lo mismo, con una gran diferencia: en aquel caso el apuro y el peligro de los mineros era real. (Durante la dictadura, si no había un hecho a explotar mediante manipulación mediática, lo inventaban).
El tema hoy es que el gobierno, a través del ministerio del Interior, cuenta o debiera contar con los medios para estar bien informado, en este caso de un posible maremoto u oleaje destructor. Y luego dar aviso a la comunidad, y la respectiva orden de acción a sus variados y multifacéticos funcionarios.
Aviso a la comunidad, no orden a la comunidad.
(Las fuerzas policiales y militares, con la orden del gobierno, y menos sin ella, no pueden obligar a una o más personas a abandonar la costa ante una posibilidad o riesgo de maremoto. Es una decisión de cada uno. Los policías, los militares, la Cruz Roja, el alcalde, el cura, pueden y hasta deben advertir, avisar o rezar para que uno o varios se alejen de la playa o el roquerío, pero no lo pueden ordenar y menos obligar a su cumplimiento. El tema amerita una presentación jurídica, académica y judicial por parte de mujeres y hombres de derecho, y de organizaciones, grupos y personas amantes de la libertad y los derechos básicos de personas y comunidad. El autoritarismo paternalista del gobierno en realidad ofende la dignidad personal y comunitaria).
El poder, los medios que tiene el gobierno para actuar en situaciones de emergencia, no pueden ser utilizados con otro fin. Las autoridades han de actuar de acuerdo a lo que ordena la ley. La mala utilización de aquellos medios es al menos una falta grave. No es un asunto baladí. Menos cuando los objetivos que se persiguen con tal uso son manifiestamente oscuros.
Quizás el gobierno pensó que se estaba ante una oportunidad propicia para poner en acción un simulacro colectivo y masivo ante un desastre natural. No lo dijo, nunca habló en tales términos. Al contrario, sembró-decretó, primero alarma, y más tarde, cuando todos esperábamos “la orden” de volver a la casa, decretó estado de emergencia.
Los daños ínfimos que se produjeron el viernes por la acción del mar en la costa chilena, que no parecen atribuibles al terremoto en Japón, terminaron de demostrar lo errado de la actuación del gobierno de Piñera y su ministro del Interior.
El mayor daño que muestra la televisión en sus noticiarios hoy domingo 13 de marzo, se sitúa en la playa de Caramucho, a unos kilómetros al sur de Iquique, donde a una pareja de pescadores que vive en la misma playa, el mar le llevó su bote, algo que en un día común no habría salido ni en los diarios de Iquique.
Hoy domingo, La Estrella de Iquique y Diario 21 de esta ciudad, agrandan este hecho y otro parecido en otra playa, en una maniobra clara de despiste del verdadero problema: que, solo en Iquique, decenas de miles de personas fueron desalojadas de sus casas por largas horas, de las calles, de las playas, ante una amenaza de maremoto que en realidad no era tal.
Es evidente que el gobierno, cualquier gobierno, tiene que actuar en relación a la población de acuerdo a los hechos reales, y a los peligros reales. No se justifican en este caso las palabras del presidente en el sentido de que más vale pecar por exceso de precaución que de dejación. La información de lo que estaba ocurriendo era muy clara: no había evidencias de riesgos de amenazas del mar hacia las costas americanas, y en particular chilenas.
¿Por qué hace el gobierno estos montajes?
Busca legitimarse, escabullir los problemas y conflictos puntuales, y bajar los altos índices de rechazo popular al presidente de la república.
Para legitimarse como un gobierno responsable, recurre a la manipulación tosca, logrando en definitiva justo lo contrario. Ya le pasó a Piñera con su sobrecargada actuación en la mina San José. Lleva un año de presidente y aún no consigue lo primordial: que la sociedad en general lo tome en serio en su condición de tal. Aún discrepando de su actuar, declaraciones y decisiones políticas.