Por Pedro Armendariz
Cuando el año 2008 la flamante Constitución de la República de Ecuador
incluyó en su articulado los derechos de la naturaleza, y el derecho a la consulta
previa a las comunidades antes de echar a andar un proyecto de inversión
significativo para sus vidas, nos alegramos, y pensamos que este país había,
tras una larga época de tropiezos, alcanzado una posición de vanguardia en la
construcción de una sociedad y una cultura respetuosa con el medio ambiente y
la calidad de vida de la población.
Lamentablemente estos buenos augurios se han visto
defraudados, hasta el punto de que lo que en su día se vio como una esperanza,
hoy es un problema más en el marco amplio de la realidad suramericana.
La última constatación para esta pérdida de confianza es la
decisión dada a conocer por el presidente Rafael Correa el jueves de la semana
pasada, de extraer el petróleo desde el subsuelo del parque nacional selvático
amazónico Yasuní-ITT.
Todos seguramente hemos escuchado o leído algo en relación
con el proyecto del gobierno de Correa de lograr que los países ricos del mundo
entregaran a Ecuador la mitad del dinero que el gobierno ecuatoriano ganaría
con la explotación de dicho petróleo, una suma de tres mil quinientos millones
de dólares, la donación. Tal proyecto fracasó y el país necesita el dinero, dijo
el presidente al dar a conocer la resolución. Se extraerá el petróleo del
Yasuní previa aceptación del Parlamento, donde el partido de gobierno tiene
mayoría absoluta. El presidente no habló de la consulta previa que contempla la Constitución.
Ecuador es un país que ha castigado y castiga duramente a su
extraordinaria, rica y bella naturaleza. He sido testigo personal de ello, a
partir de 1970, cuando llegué a vivir a Quito por unos años como estudiante de
Derecho de la Universidad Católica.
Con los años he vuelto varias veces a ver a los amigos, y he visto el deterioro
de la naturaleza y de la calidad de vida de los ecuatorianos.
Tras la devastación de la naturaleza siempre hay un interés
económico, una causa económica. Están involucradas en el problema unas gentes
que saquean la naturaleza y venden el botín, y autoridades que no fiscalizan y
muchas veces también son parte en calidad de cómplices y receptores de dineros
provenientes de los saqueadores. Y una población en general pasiva y muchas
veces también cómplice. Esto pasa en todos nuestros países.
En el caso de Ecuador lo ocurrido con el Bosque Tropical situado
entre Los Andes y el mar es un auténtico crimen, y hoy se sigue cometiendo,
como ocurre con los manglares de la costa. Ecosistemas que son únicos en el
mundo.
La experiencia petrolera en la selva ha sido muy dolorosa
para Ecuador. El caso más trágico lo protagoniza hasta el día de hoy la empresa
de los USA Texaco (hoy parte de
Chevron). En el blog Derechos humanos y
empresas de Amnistía Internacional, leemos que Texaco “empezó a explorar
los campos de petróleo en el norte del Oriente de Ecuador (alrededor de la
ciudad Lago Agrio) a partir de 1964. Entre 1972 y 1992 la empresa extrajo 1.5
mil millones de barriles de petróleo de Ecuador; durante el proceso
intencionadamente vertió 19 mil millones galones de residuos en la región y
derramó 17 millones de galones de petróleo (para referencia, la catástrofe
Exxon-Valdez derramó 11 millones.) Algunas organizaciones ecologistas han
llamado la situación el peor desastre petrolero del mundo. La compañía esta
acusada de no limpiar suficientemente la región a su salida en 1992 y de
ignorar sus responsabilidades a las comunidades afectadas por sus actividades”.
En los proyectos en marcha del gobierno de Correa está desde
hace tiempo la extracción de petróleo en el sur de la selva amazónica de
Ecuador. Lo nuevo desde el jueves 15 de agosto es la incursión extractiva en el
parque nacional Yasuní. El caso Yasuní es de gran relevancia política, subiendo
en él el grado de agresión en calidad y cantidad que se ejerce sobre la
naturaleza.
Aupado al poder el 2006 en buena parte y fundamental por el
amplio movimiento indígena-ecologista, y por los propios ecologistas y otros
grupos sociales críticos y combatientes ante el neoliberalismo amo y señor del
país, el gobierno de Correa en un principio se presentó como defensor del
Yasuní. Las almas incautas creyeron en su momento que el pedido de colaboración
al extranjero a cambio de dejar el petróleo donde está, suponía la decisión
inquebrantable de no destruir la selva en el parque nacional Yasuní, hogar de
lo pueblos Tagaeri y Taromenane, considerado la mayor reserva de vida natural
del planeta, en plantas, árboles, insectos, animales, aves y peces de agua
dulce. Lo que en un principio no se advirtió y luego se sospechó, era la
existencia de un plan B, reconocido ahora por el presidente.
El parque nacional Yasuní es objeto de defensa por parte de
las organizaciones indígenas y ecologistas desde hace décadas en el Ecuador. La
decisión del presidente Correa de no excluir al Yasuní de su creciente política
extractora de bienes naturales, es una nueva traición a estas organizaciones
que en su punto de partida lo impulsaron.
La pregunta es si Correa desde que llegó a la presidencia
tuvo en la mira también el petróleo del Yasuní, y si la campaña mediática de
años por el mundo apelando a su defensa no fue más que estrategia política de
comunicaciones.
Hoy el presidente habla de fracaso del plan de salvar al
Yasuní, y culpa a los países ricos por su mezquindad. ¿Está esperando el
gobierno de Ecuador, que se dice revolucionario en el contexto suramericano, a
que los países que toda la vida han explotado a los países dependientes y lo
siguen haciendo vengan ellos a salvar la naturaleza de riqueza incalculable que
aún se salva de aquellas propias garras en su país?
Lo sucedido demuestra la desorientación, en realidad la nula
voluntad del gobierno de Correa por diseñar y realizar un modelo de desarrollo
en el Ecuador basado en nuevos paradigmas, que es precisamente lo que pregona
en su discurso. Las palabras, los conceptos se deterioran, se vacía el
contenido y el sentido, ocurre esto con la importancia de la idea del llamado
Buen Vivir.
El gobierno recauda mucho dinero y quiere recaudar aún más
desde la explotación petrolera y minera a gran escala, hasta hoy inexistente en
Ecuador. Hay en el país nuevas carreteras y los autos se venden como pan
caliente gracias al endeudamiento de sus conductores, Quito y otras ciudades están
colapsadas de tacos, gases y ruido. Hay en la población de forma mayoritaria una
continuidad de los sueños y anhelos del capitalismo neoliberal ligados al
consumo. El gobierno nunca tan rico como hoy reparte bonos y subsidios a la
población mayoritariamente pobre, el apoyo popular al presidente es arrollador.
Gracias a tal apoyo, logrado también mediante una gran y
constante presencia en medios de difusión masiva, es probable que Correa
convoque a una consulta ciudadana acerca del destino del Yasuní y la gane.
Hasta ahora quiere cumplir con el mandato constitucional de que el Parlamento
ha de autorizar la extracción de recursos desde los parques nacionales del
país. La consulta previa a los afectados, que también contempla la Constitución, y que
en otros casos el gobierno no ha respetado, en el caso Yasuní no corresponde
porque los directamente afectados son los pueblos Tagaeri y Taromenane, que
hasta el día de hoy no han tendido contacto con sus colegas homo sapiens,
aquellos que andan tras algo de color negro que nunca han visto ni oído hablar,
y que sin embargo puede terminar con su vida en muy pocos años más.