ECUADOR EN LA ENCRUCIJADA

Por Pedro Armendariz

Ecuador tiene una cualidad difícil de expresar en palabras, pero tan cierta como la Plaza San Francisco de Quito. Para un chileno, que a los 21 años vivió el golpe de estado de 1973, se revela en el descubrimiento de que los ecuatorianos tienen una ingenuidad que nosotros perdimos.

El crimen político tiene consecuencias que atraviesan el corazón y distorsionan la mente de los pueblos que lo sufren.

No es que en Ecuador no exista la violencia y la injusticia social. Existen y profundas, es una sociedad clasista y racista, como la chilena.

Pero ellos no han tenido una dictadura como la que vivimos en Chile. Es algo que uno lo siente en el aire en Ecuador. Un patrimonio intangible y valioso.

A diferencia de Chile, en Ecuador los golpes de estado, tres en los últimos doce años, se han dado sin víctimas mortales. El cuarto golpe, (que más que un fracaso parece haber sido un globo sonda para un futuro y definitivo intento), el pasado 30 de septiembre tuvo un número de víctimas mortales de al menos cinco personas. Este solo hecho demuestra que las cosas se pueden terminar desbordando hacia un muy mal cause en ese querido país.

Se juegan en Ecuador asuntos de gran calado. El fondo del problema es el modelo de desarrollo económico, político y social que tome el país.

Hay dos campos de acción fundamentales en los cuales el gobierno que preside Rafael Correa se muestra en deuda: los pueblos originarios y la protección del medio ambiente, en un país con una naturaleza extraordinaria.

Es una deuda también porque el presidente Correa llegó al gobierno con el apoyo de aquellos pueblos y del movimiento ecologista, relacionados ambos, a los cuales se comprometió a facilitar el logro de sus demandas y objetivos de carácter histórico.

Hasta ahora no lo ha hecho. Al contrario, ha estigmatizado y perseguido a unos y otros, motejándolos de izquierdistas y ecologistas infantiles.

Las discrepancias son frontales. Los pueblos indígena-ecológicos, y el movimiento ecologista con sus numerosas organizaciones, reclaman un uso del agua que priorice la vida humana, animal y vegetal, y quieren que en los territorios ancestrales de los pueblos selváticos, y también serranos, no se permita la actividad minera y petrolera. El gobierno, al contrario, proyecta extraer petróleo y explotar minas.

El tema, en definitiva, es la democracia: qué quiere el pueblo, no el gobierno. Los sueños acerca del Ecuador son diferentes en la mente del presidente y su gobierno y en las de indígenas y ambientalistas.

Con su actitud y políticas derivadas de ella, el presidente Correa está cerrando la puerta a la construcción de relaciones sociales que hagan realidad la existencia y expresión de nuevos paradigmas sociales, como lo quieren y pueden hacer los sectores demandantes involucrados, paradigmas a los que debería estar adscrita la revolución ciudadana que dice representar su gobierno.

El estado actual del mundo hace evidente a los latinoamericanos que en nuestros países, en la mayor parte de los casos, es más importante el cuidado y respeto de la naturaleza, que los proyectos de inversión para explotar sus recursos. Cuanto de mayor envergadura sean tales proyectos y empresas, más grande es el daño medioambiental y el consiguiente perjuicio grave a la población. En Chile abundan los malos ejemplos, partiendo por los efectos de la gran minería en el frágil y complejo desierto nortino. Lo mismo sucede en la explotación de la pesca y de los bosques.