TELEVISIÓN DIGITAL: OPORTUNIDAD PARA SALIR DEL POZO

Por Pedro Armendariz



La decisión del gobierno -dada a conocer por la propia presidenta Bachelet- de optar por la tecnología japonesa a la hora de introducir en el país la televisión digital, acentuó el incipiente debate acerca de qué rumbo ha de tomar en Chile el uso de este poderoso y muy influyente medio de difusión masiva.

Si bien para los televidentes la digitalización supondrá un gasto relativo en aparatos diversos, sus potencialidades técnicas -al permitir la posibilidad de aumentar significativamente el número de canales-, hacen abrigar la esperanza de pasos concretos en aras del pluralismo, la diversidad y la calidad de la televisión abierta en el país.

Desde que se empezó a hablar en Chile de la importación de la tecnología de televisión abierta digital, hace unos diez años, la Asociación Nacional de Canales de Televisión (Anatel), que reúne a los dueños y responsables de los actuales canales de televisión abierta, ha enfocado y se ha referido al tema sólo en sus aspectos técnicos, particularmente respecto a la norma o sistema digital que el país adoptaría, y la calidad superior de la imagen y el sonido que llegaría a cada televisor.

Como era de esperar, Anatel ha escamoteado el debate sobre aspectos de fondo, entre ellos la crítica a lo existente y la propuesta de alternativas al papel de la televisión, su subordinación financiera a la publicidad, la falta de pluralidad y diversidad de canales emisores, y la mala calidad del contenido de la programación.

El actual marco jurídico no permite a una persona o empresa acceder al beneficio de más de una concesión televisiva en una zona geográfica del país. Para que los actuales canales de televisión puedan transitar a lo digital y hacer uso de las nuevas señales que esperan recibir en concesión, sería preciso reformar las actuales Leyes 18.838 y 19.132, que regulan a la televisión en general y a la televisión pública, en manos de Televisión Nacional de Chile.

Para responder a esta necesidad de reforma legal que tienen los canales establecidos, el Gobierno presentó un proyecto de ley al Parlamento a fines del año pasado, que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados.

Frente a los cambios que se avecinan, los canales comerciales, incluyendo el canal público estatal, quieren seguir gozando de lo que obscenamente llaman la “torta publicitaria”, limitando las posibilidades de la digitalización a ser sólo una herramienta al servicio de nuevos y lucrativos negocios.

De tal forma, al abrir la televisión digital la posibilidad técnica de aumentar el número de canales, los detentadores del poder en la “industria de la televisión”, aspiran a la adjudicación el sesenta por ciento del nuevo espectro radioeléctrico digital televisivo abierto.

Los canales establecidos esperan que tal beneficio se les conceda sin más, sólo pasando por la ventanilla de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, sin hacer mención al contenido con que alimentarán a esa enorme capacidad medial. Su intento se encuentra expresado y defendido en el proyecto de reforma a la ley de televisión actualmente en trámite.

Esta aspiración de los actuales canales de televisión abierta es cuestionada desde varios frentes, entre ellos el Consejo Nacional de Televisión, universidades, catedráticos e investigadores, productoras y realizadores de televisión, canales regionales, locales y comunitarios de televisión, y personas e instituciones que esperan ingresar en el mundo de las empresas o de las iniciativas sin fines de lucro vinculadas a la emisión televisiva.

A pesar de la amplitud de este cuestionamiento, poco llega a la opinión pública, que se mantiene desinformada sobre los temas importantes que tienen que ver con la televisión. No se perciben intentos claros y efectivos por romper el cerco informativo para ampliar, profundizar y difundir el debate. La discusión en el Parlamento de la nueva ley de televisión constituye una oportunidad única para elevar las voces y animar un debate fructífero.


Papel de la televisión


Francisco Gedda, profesor de la Universidad de Chile, productor de televisión y director de la valiosa serie documental “Al Sur del Mundo” y del programa “Frutos del País”, sostiene que “en Chile y numerosos países del mundo, la televisión comercial generalista se ha convertido esencialmente en un instrumento de negocios y poder político. No representa ni construye identidades. Más bien, por su estructura intrínseca comercial, sirve a modelos de desarrollo que intentan en forma sistemática sobrepasar y destruir las identidades locales, para convertir al espectador en sujeto homogéneo de un consumo también homogéneo”.

“La diversidad de identidades, cuando se mantiene, es por resistencia cultural ante los grandes medios, y se expresa en redes de comunicación periféricas, marginales y generalmente precarias”.

“Hoy, supuestamente, los usuarios piden a los pocos canales de la televisión comercial generalista y homogénea del país, que satisfagan sus necesidades culturales y de información. Ante este supuesto, hay que plantear a cambio la necesidad de la existencia de múltiples actores o canales de emisión televisiva representativa, que generen y programen sus contenidos recogiendo y representando la identidad plural de las comunidades nacionales, acercándonos así a la ecuación “Comunicación = Democracia = Convivencia”.

Jorge Navarrete, presidente del Consejo Nacional de Televisión y ex director de Televisión Nacional de Chile durante dos períodos, señala que “en una sociedad muy desorganizada y desmovilizada como la chilena, la televisión en definitiva juega o pretende jugar el papel que tradicionalmente desempeñaba la plaza pública, y lo hace mal”.

“La importancia de la televisión para la cultura e identidad de comunidades concretas del país, la situación real de muchos grupos dentro de la sociedad está bastante determinado por cómo el resto de la sociedad los ve, y eso a su vez se refleja en su propia percepción. No es indiferente que en la televisión haya grupos que tienen una sobre representación, y otros que prácticamente no la tengan. No sólo en el tema político. Puede parecer banal una televisión con gente linda en pantalla, pero resulta que hay grupos sociales importantes, minorías significativas, que por no estar en televisión se ven afectadas al contribuir ello a su invisibilidad social”.

Jorge Navarrete agrega que en la actual coyuntura de la televisión chilena, cuando cumple cincuenta años este medio en el país, “el tema real es qué se quiere hacer con ella, y quién tiene poder para decir qué se hace”.

Luis Lillo, representante del comunitario Canal 3 de La Victoria, que lleva más de diez años en el aire, dice que “no necesitamos más canales de televisión en el país si van a mostrar lo mismo que ahora multiplicado por diez. No se justifica comprar aparatos de alta definición de imagen y sonido si no hay un cambio de contenidos. Nosotros apuntamos a la diversidad de contenidos”.

Hay en Chile veinticinco canales comunitarios de televisión abierta, ninguno con reconocimiento legal. En el proyecto de reforma de la Ley 18.838, por primera vez se los considera en un texto de carácter jurídico, junto a las televisiones regionales y locales.

Dada la importancia de la ley en trámite parlamentario, Luis Lillo reclama la realización de un plebiscito consultando a la población qué modelo de televisión prefiere entre distintas posibilidades.

“Nosotros esperamos que se nos conceda la posibilidad de desarrollar la televisión comunitaria con canales locales, regionales y nacional, en una red donde destaque la creación de contenidos, el compartir y la retroalimentación entre las televisiones comunitarias del país, que son una realidad”.

Marcelo Contreras, presidente del Observatorio de Medios Fucatel, pone el acento en la crítica al actual modelo de televisión pública, “que por diseño original no tiene gran diferencia con lo que es una televisión comercial. Esto es ya una anomalía, y plantea un debate sobre el rol que tiene que cumplir en un país democrático una televisión pública”.

“Un segundo problema tiene que ver con que el diseño de la televisión en Chile nunca fue democráticamente muy debatido, aquel paso temprano desde la televisión universitaria original a una simplemente comercial. El resultado ha sido que la televisión no cumple adecuadamente su rol social, cual es informar, orientar y entretener. Hay poca diversidad, los canales establecidos compiten en los mismos terrenos donde puedan tener más audiencia y publicidad”.


Digitalización y concesiones

Marcelo Contreras advierte que al discutirse hoy en el Parlamento el hecho de que con la televisión digital “se amplían las posibilidades de una capacidad mayor de canales, los canales actuales de televisión abierta han pedido se les dé en el ancho de banda seis megahertz a cada uno, lo que les permitiría levantar cuatro a cinco señales nacionales a cada uno de ellos, y ni siquiera se les pide en el proyecto de reforma a la Ley 18.838 concursar a esas nuevas concesiones. Solamente se les pide presentar un proyecto técnico y el orden de llegada a la ventanilla de la Subtel, en vez de abrir un concurso en el cual cada canal que aspire a tener más de una señal, diga qué puede ofrecer en ella, y no resulte al final que la concesión se limita a entrar al patrimonio de cada canal para venderla después o comercializarla como se le dé la gana”.

“La concesión, como su nombre lo indica, es una cesión por parte del estado de un bien escaso. El Consejo de Televisión ha planteado muy bien la idea de que frente a una ampliación del espectro, el gobierno, el estado, el país, tiene derecho a abrir un concurso para ver qué ofrece cada uno de quiénes postulan a tener más de una señal como oferta televisiva, y eso, me da la impresión que se ha evitado, que no se ha hecho”.

“Este es un tema tan relevante, que ameritaría la creación de una de esas famosas comisiones presidenciales con todos los sectores, muy plural, que debatiera muy en serio qué rol le cabe al estado para asegurar una mayor diversidad y pluralismo en los canales, y qué rol le corresponde a la televisión pública”.

“Hoy se da una situación donde es necesario hacer pesar ante los poderes establecidos en la televisión actual, el poder de la política, el poder de la sociedad. Los ciudadanos tienen que hacer oír su voz”.

Jorge Navarrete, señala que en el proyecto de ley en trámite parlamentario “se trasunta permanentemente que la razón para regular la televisión es técnica, dado que el espectro radioeléctrico es limitado. Ahora bien, la apropiación privada del espectro es imposible en el marco institucional, pero el sistema entonces se arma de modo que se reproduzca lo más parecido posible a un mercado privado operando en la televisión”.

“Frente a eso, el Consejo afirma que la parte técnica es interesante, pero no es ni por lejos el tema principal nuestro. De esas diferencias, aparentemente sólo teóricas, se derivan una serie de cosas. Nosotros creemos que el proyecto de ley adolece de hablar poco de contenidos, muy poco de televisión cultural o de fomento a la televisión regional. Muchos aspectos del proyecto podrían haber estado en una relación simplemente técnica”.

“Chocamos con muchos intereses, porque tenemos una concepción distinta de por qué hay que regular. Pensamos distintos acerca de quiénes pueden o no ser titulares de concesiones, cómo se deben otorgar, qué duración deben tener, etcétera. Esto último se ha discutido un poquito más, porque toca muy directamente intereses muy concretos”.

“Lo que hay otra vez al final es una tremenda lucha entre grupos industriales apoyados por los respectivos gobiernos para repartirse un mercado de un viaje. Esto no es novedad, ocurrió con la llegada de la televisión a color”.

“Ante la digitalización las autoridades no han estado dispuestas a un debate, menos a promoverlo, incluso en el tema de la norma”.

“Siempre el poder fáctico, el poder real, prefiere arreglar las cosas en una sala cerrada, aunque tenga que transigir. Lo que nunca le es cómodo es la discusión abierta. Por otro lado, las voces de la cultura, de la universidades, los partidos de izquierda y de izquierda extraparlamentaria no se escuchan, y este es el momento de hablar”.


Financiamiento de televisión pública

Francisco Gedda manifiesta que “los hechos demuestran que finalmente la programación de la televisión abierta se ajusta a las necesidades de la publicidad. La Asociación Nacional de Anunciantes, Anda, que reúne a noventa grandes anunciantes, es en Chile, en términos de resultados, el verdadero Consejo Nacional de Programación, funciona como agente concentrador y homogenizador de la televisión chilena”.

”Cuando la publicidad se convierte en el factor principal de la generación de recursos, pasa a ser la preocupación predominante de los canales, y distorsiona gradualmente la programación y los objetivos generales de la televisión pública”.

Jorge Navarrete agrega que “es ocioso hablar de una televisión pública autónoma e independiente sino tiene una base material que haga eso posible. La televisión sin publicidad es posible cuando e está dispuesto a pagar por ella. La razón fundamental por la cual Chile no tiene una BBC, es porque los chilenos no han estado dispuestos a poner la billetera donde ponen la boca. La BBC se financia con el pago de los televidentes por cada televisor que poseen. En Chile se propuso esto en 1970 al crear Televisión Nacional, y no fue aceptado por ningún sector político”.

“En el actual modelo de televisión pública en Chile, la idea es ganar mucha plata haciendo buenos programas de entretención, para financiar parcialmente también programas que hagan la diferencia. Esto de repente parece haberse olvidado, y se cree que el financiamiento de la televisión pública es lo mismo que el financiamiento de cada programa. Televisión Nacional ha perdido el enfoque. Los criterios empresariales se convierten en un peligro para la televisión pública, que llega a ser igual que la demás televisión”.

Marcelo Contreras, sostiene que “el problema de la televisión pública no es de financiamiento. Lo primero es definir lo que queremos, y después ver cómo lo financiamos. En todo caso me pareció muy interesante la idea de Francia de no permitir publicidad en la televisión pública, y, a cambio, que sea financiada por los canales comerciales a través de impuestos. También creo que la idea de que el estado no puede invertir en pluralismo, en democracia, en expresión de diversidad, es anacrónica”.

Por su parte Luis Lillo, a nombre de los canales comunitarios, expresa que están pidiendo “que el cincuenta por ciento de lo que gasta el estado en publicidad en los medios, sea para apoyar a al financiamiento de las televisiones comunitarias, radios comunitarias y medios impresos independientes”.

“También planteamos que a los grandes canales se les debe cobrar un impuesto de un veinte por ciento de sus ganancias por ocupar el espectro radioeléctrico, y que ese monto sea para financiar medios sociales y populares”.